Iron Mountain, un caso que no debemos olvidar

Los papeles de Iron Mountain

El ex director general de Protección del Trabajo del gobierno porteño, Angel Rodríguez, admite en un video que había decenas de miles de expedientes de infracciones “tirados”, entre ellos los de la empresa multinacional de archivos, reconoció  también que cuando estaba en funciones en 2009, encontró más de 70.000 “expedientes tirados”, de actuaciones de inspectores que proponían clausuras y sanciones para empresas y comercios de la ciudad de Buenos Aires. Esa situación nunca fue denunciada por el ex funcionario, según admite en un video en el que aparece y que fue dado a conocer, a través de la agencia Télam, por el actual inspector de Trabajo porteño, Edgardo Castro, denunciante de las fallas en los controles por parte del gobierno de Mauricio Macri a la empresa Iron Mountain, cuyo incendio, en el que murieron doce bomberos, fue declarado intencional por los peritos de la Policía Federal.

“¿Sabés cuántos expedientes encontramos en el inventario que hicimos? 70 y pico mil (sic). Tirados por ahí. Y lo que nos falta...”, dijo Rodríguez, cuyas manifestaciones fueron grabadas con una cámara oculta realizada en 2009, cuando todavía estaba en funciones. El video fue entregado a Télam por el inspector Edgardo Castro.

“¿Y qué querés que haga? ¿A quién voy a echar? ¿A los de arriba? Yo no puedo echar”, se justificó Rodríguez en el video, cuando se le reclamaba que cumpliera con su deber de funcionario público y denunciara el hecho.

Este ex funcionario estuvo envuelto en 2010 en el escándalo que se desató tras el derrumbe del gimnasio Orion, en Villa Urquiza, donde se produjo la muerte de tres personas.

La dependencia a cargo de Rodríguez en dos oportunidades envió inspectores a la obra de Mendoza 5042, tras una denuncia de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) por irregularidades en el proceso de demolición, y cuyo expediente habría seguido el mismo destino, la desaparición, de los casos denunciados por Castro.
El testimonio del ex funcionario se suma al del gerente operativo de inspección del gobierno porteño, Fernando Cohen, dado a conocer recientemente, quien admitió, también en una cámara oculta difundida por C5N, que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, “llama” por teléfono a funcionarios y a inspectores para frenar clausuras que pretenden realizar a comercios y establecimientos, propiedad de amigos del jefe comunal.

Tanto el área donde se desempeñaba Rodríguez como la que lo hace Cohen responden al ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, ex ejecutivo del HSBC, quien premió a Iron Mountain. En diálogo con Télam, Castro explicó que “la conversación grabada con Rodríguez surgió por las irregularidades que hay en las inspecciones, donde la autoridad se compromete a hacer una investigación y después no la hace”.

“Ese fue el caso de Laboratorios Beta, que ya Cohen había dicho que no se podía clausurar, porque era un amigo de Macri. Luego de eso, le fuimos a hablar a Rodríguez, quien se comprometió a intervenir, pero nunca hizo nada”, precisó el inspector Castro.

Lo que Cohen le había dicho a Castro y se vio en el primer video difundido fue: “Ya te expliqué cómo fue lo de Beta, no se pudo clausurar”, en alusión al laboratorio, cuyo dueño es Gregorio Zidar, uno de los vicepresidentes del Club Atlético Boca Juniors, durante dos de los tres períodos consecutivos en que Macri estuvo al frente de su administración.

“¿Sabés de quién era Beta? De Goyo Zidar, el que era directivo de Boca, amigo de Macri. Llamó Macri en ese momento...”, precisó Cohen para explicar por qué no se pudo clausurar el laboratorio cuando correspondía, hacerlo, según la actuación de los inspectores.

Por su parte, Castro señaló que el diálogo con Rodríguez se inició “por la desaparición de actuaciones” que los inspectores venían detectando desde hacía un tiempo, entre las cuales había una solicitando la clausura de Iron Mountain. “Nosotros nos quejamos porque quedamos involucrados y las clausuras después no se hacen. Y también le dijimos a Rodríguez que iniciara acciones legales por la falta y desaparición de expedientes”, subrayó el inspector.

Agregó que el entonces director general de Protección del Trabajo del gobierno porteño “tenía la obligación como funcionario de hacer la denuncia, porque un expediente es un documento público”. Sostuvo que en “esa desaparición de expedientes estamos reclamando todos los demás, entre ellos los de Iron Mountain”, subrayó Castro, quien precisó que habían denunciado “la falta de 4000 actas y expedientes durante la gestión de Rodríguez, pero resulta que él reconoce que había como 70 y pico mil (sic) más de lo que denunciamos”.

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